Por Dra. Yolanda Villegas* y Paul Alejandro Sánchez**

7 enero, 2021

La liberalización de un mercado en una economía abierta implica el establecer la menor cantidad de obstáculos posibles a la libre importación y exportación de mercancías. La reforma energética, en materia de petrolíferos, tenía dos objetivos: el primero, limitar el número de productos que requerían el permiso y, en segundo lugar, que en la normalidad los permisos fueran de largo plazo, 20 años, con la finalidad de incentivar la construcción de nueva infraestructura de almacenamiento y transporte.

El pasado 28 de diciembre, sin embargo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía publicó el Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía. Dicho acuerdo cambia de manera radical este proceso de liberalización al establecer barreras más rígidas a la importación y exportación de petrolíferos.

Uno de los principales cambios que trae este acuerdo es la introducción del concepto de Balance Energético que, a la letra, es definido como la: “Relación de la oferta de algún petrolífero o hidrocarburo, compuesta por la producción, las importaciones y los inventarios, con la demanda del mismo, integrada por las ventas a usuarios finales o autoconsumo”.

En el título II de este acuerdo, que se refiere a los permisos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos, el Acuerdo dice que atendiendo a la seguridad energética del país, al adecuado suministro de combustibles, y la soberanía energética del país, la SENER debe considerar el balance entre la oferta correspondiente a la producción nacional y las importaciones, y la demanda nacional y las exportaciones.

En ese sentido, utilizando los conceptos de balance, seguridad y soberanía energética, SENER se nombra como el garante de mantener el equilibrio del mercado de petrolíferos para cuidar que la producción nacional encuentre compradores y que ésta no esté en riesgo de ser sustituida por importaciones.

Dicho de otra forma, el balance energético le permitiría a SENER, por ejemplo, limitar el número de permisos de importación de “gasolina regular” para cuidar que toda la producción del Sistema Nacional de Refinación se venda en el país sin riesgo de ser sustituida por importaciones que pudieran ser de mayor calidad o menor precio.

Para ello, en primera instancia se elimina la posibilidad de solicitar nuevos permisos de importación de 20 años, los cuales son sustituidos por permisos de 5 años. En segundo lugar, se prevé que estos permisos, sean de 20 o 5 años, podrán “caducar” si los titulares de las mismos no ejercen los derechos conferidos o realizan el objeto del permiso previo, por un periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días naturales, sin causa justificada. Lo mismo sucede con los permisos de 1 año, donde en caso de que no se ejerzan durante 30 días consecutivos, podrán ser revocados.

Por otro lado, se incrementa el número de productos sujetos al permiso de importación que otorga la SENER, a la lista anterior que incluía gasolinas, diésel, turbosina, y butano y propano mezclados y licuados, se incluyen otros que no aparecían tales como benceno, nafta precursora de aromáticos, hexano, heptano, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno.

Es evidente que el Acuerdo fractura los dos objetivos para fomentar un mercado en una economía abierta en materia de petrolíferos al aumentar el número de productos que requieren el permiso de importación y exportación de hidrocarburos y al disminuir los permisos de largo plazo de 20 años a permisos de corto plazo de 5 años.

Las consecuencias no deseadas son un mayor control del mercado, protección de los jugadores preponderantes (particularmente PEMEX) y una afectación a la libertad de importación de productos que podrían ser más baratos o tener mayor calidad a discreción de la SENER si esto impacta significativamente los tres pilares que se concentran en el Acuerdo: “el balance, la seguridad y la soberanía energética”.

Sin duda, muchos gasolineros, importadores, comercializadores, transportistas, distribuidores, almacenistas, así como otras áreas de valor se verán afectadas por este Acuerdo.

* Paul Alejandro Sánchez es doctor en Política Pública y experto en regulación del sector energético mexicano. Mentor de emprendimiento social y energías renovables, industrias inteligentes, movilidad sostenible y economía circular. Profesor en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey: Políticas públicas, planeación estratégica, organizaciones públicas, administración pública. Ley de Murphy.